Autoridades estatales y federales realizan operativos en Chiapas
Autoridades estatales y federales en Chiapas llevaron a cabo operativos que resultaron en la detención de 11 policías, nueve municipales y dos de la Policía de Investigación (PDI), vinculados a desapariciones forzadas y otros delitos graves. Según informaron el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, estas detenciones forman parte de tres carpetas de investigación abiertas en 2023.
En un primer operativo, 92 policías fueron detenidos, de los cuales 46 enfrentan procesos judiciales. Recientemente, se detuvieron a 11 policías más y a tres agentes de investigación relacionados con el robo de vehículos. La intervención fue coordinada con autoridades municipales, logrando los arrestos en una comandancia.
La primera carpeta de investigación, iniciada en marzo de 2023, está relacionada con la desaparición de Cristian “N”. y José Luis “N”, quienes fueron vistos por última vez en una comandancia municipal. Los detenidos enfrentan cargos por desaparición forzada. La segunda carpeta involucra la desaparición de Félix “N”, elemento activo de la PDI, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las indagatorias señalan a Rodrigo “N”, excomandante en la región Selva, como responsable. En el caso más reciente, Miguel “N” fue detenido, recluido en una comandancia de la PDI en Tonalá y presuntamente torturado durante varias horas.
En los operativos, realizados en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Emiliano Zapata y Villaflores, se hallaron restos óseos calcinados con diésel en un terreno de Emiliano Zapata, posiblemente relacionados con la desaparición de siete personas. Estos restos fueron enviados a laboratorios en la Ciudad de México para su análisis genético.
“Realizamos cateos en varias localidades y encontramos evidencia relevante. En Emiliano Zapata localizamos restos óseos humanos que están siendo analizados”, explicó el fiscal Llaven Abarca. Además, aseguró que estos operativos forman parte de una estrategia para combatir la corrupción y garantizar justicia, reiterando la política de «Cero Impunidad».
Los responsables enfrentan penas de hasta 60 años de prisión, agravadas según la gravedad de cada caso. Por su parte, el gobierno estatal reafirmó su compromiso de recuperar la paz en regiones afectadas por el crimen organizado, como la Sierra y la Frontera, donde operan cárteles y grupos delictivos que han provocado desplazamientos, asesinatos y desapariciones de comunidades indígenas y campesinas. Las autoridades destacaron que las investigaciones seguirán para desarticular las redes criminales y brindar seguridad a la población.
