Mataron a seis integrantes de una familia en Guerrero por negarse a ceder sus tierras
La disputa por los recursos naturales en la Sierra de Guerrero sumó un nuevo capítulo trágico con el asesinato de seis miembros de una familia en la comunidad Cerro de la Lumbreras, municipio de San Miguel Totolapan. Más allá del ataque armado directo, el crimen refleja la profunda crisis social, el olvido histórico de las comunidades serranas y la transformación de la economía criminal en la región de la Tierra Caliente.
El despojo violento de tierras, bosques y fuentes de agua se ha convertido en la nueva estrategia de los grupos delictivos para subsistir. Con el desplome en el valor de la goma de opio —provocado por la expansión del fentanilo en el mercado norteamericano—, las organizaciones criminales perdieron la fuente financiera que sostuvo a la zona por décadas. Como consecuencia, las bandas han volcado su estructura operativa hacia la clandestinidad, la extorsión a ejidos y el desplazamiento forzado para apoderarse a la fuerza de la madera y las propiedades locales.
Resistencia comunitaria ante el abandono institucional
La irrupción de sicarios a las 4:00 horas del jueves contra la familia Hernández Solano —encabezada presuntamente por Leonel Barragán Tolentino, alias La Changa, ligado a Los Tlacos— expone el grado de indefensión en el que viven los habitantes de la Sierra. Al negarse durante meses a vender sus terrenos y árboles, la familia fue eliminada dentro de su propio hogar.
Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer con discapacidad. Tras los disparos, la mayor parte del poblado huyó hacia los cerros y comunidades aledañas, sumándose a las decenas de familias que en los últimos años han tenido que abandonar poblados como Los Bayados, El Pescado o El Durazno ante embates similares con armas de fuego y drones.
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Marginación histórica
La Sierra guerrerense arrastra décadas de carencias estructurales, marcadas por la falta de caminos pavimentados, servicios de salud, energía eléctrica, agua potable y escuelas. Esta vulnerabilidad histórica, sumada a los antecedentes de operativos militares del pasado, ha dejado a los comuneros atrapados entre la marginación extrema y la presión constante de grupos armados que buscan controlar desde huertas de aguacate hasta amplios perímetros forestales.
Hasta el momento, las familias desplazadas continúan refugiadas en pueblos vecinos a la espera de garantías de seguridad y la intervención de las autoridades federales y estatales para recuperar sus hogares.
