Josseline Paez, otra activista trans asesinada en Jalisco
Dos trágicos crímenes han cimbrado a la comunidad LGBTIQ+ en Jalisco durante las primeras semanas de agosto. Primero falleció Katia Daniela Medina Rafael, activista trans y directora del Colectivo Trans Zapotlán, hallada sin vida en Zapotlán el Grande. Ahora, el caso de Joselinne Páez, mujer trans originaria de Tepatitlán de Morelos, se suma a la lista de violencia extrema: tras un brutal ataque a golpes, Joselinne murió posteriormente en un hospital de Guadalajara, según reportes de colectivos localizados en medios como ZonaDocs y Seis Franjas MX.
Organizaciones como la Colectiva Disidente Lgbtepa+ y la Unión Diversa de Jalisco A.C. exigen que ambas muertes sean investigadas como transfeminicidios, subrayando la urgencia de justicia y el fin de la impunidad.
En lo que va del año, se han registrado al menos 22 asesinatos de personas LGBTI+ en el país, y estas dos mujeres trans representan una cifra alarmante y dolorosa para el estado.
Los colectivos también insistieron en que el discurso de odio debe ser sancionado tanto a nivel federal como estatal, y hacen un llamado urgente a capacitar a las autoridades municipales para prevenir más homicidios por razones de identidad de género. La Subsecretaría de Diversidad Sexual de Jalisco anunció acciones formativas dirigidas a municipios, en respuesta al contexto de violencia y discriminación hacia las mujeres trans.
La situación refleja una crisis mayor en México: entre 2014 y 2025 se han documentado al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas LGBTIQ+ en el país. Las mujeres trans enfrentan niveles extremos de violencia y representan una proporción muy alta de estos crímenes de odio, ubicando a México como uno de los países más peligrosos para ellas. Además, desde 2008 hasta octubre de 2024, se registraron 701 asesinatos de mujeres trans únicamente en territorio mexicano, cifra para la que se urge tipificar el transfeminicidio como delito con penas particularmente severas (hasta 70 años de prisión).
Este derrame brutal de violencia no es hecho aislado, sino parte de un patrón estructural. Factores como la falta de legislación clara, esquemas estatales de justicia sin perspectiva de género, la impunidad y el rechazo social sistemático agravan la vulnerabilidad de esta población.
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Activistas y organismos piden con urgencia que se implementen protocolos especializados—como los ya operativos en algunas entidades—y que se acelere la adopción de reformas como la Ley Paola Buenrostro, que tipifica explícitamente el transfeminicidio y ha sido aprobada recientemente en entidades como Ciudad de México y Nayarit. Solo así podrá avanzarse hacia una justicia real que reconozca y proteja la vida y la identidad de las mujeres trans.
@Veletti
