Sancionan en EE. UU. a 13 empresas de tiempo compartido en Puerto Vallarta ligadas al CJNG
El Gobierno de Estados Unidos endureció este miércoles su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, presuntamente utilizadas para operar un esquema fraudulento de venta de tiempos compartidos. Según el Departamento del Tesoro, estas compañías, junto con cuatro ciudadanos mexicanos, forman parte de una red que generaba ingresos ilícitos para la organización criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que el fraude estaba dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores, quienes eran contactados por centros de llamadas operados por el CJNG. A través de supuestas ofertas de reventa o renta de propiedades vacacionales, las víctimas eran convencidas de pagar “impuestos” o “cuotas” por adelantado, dinero que nunca recuperaban.
De acuerdo con la investigación, el CJNG tomó control de estas estafas alrededor de 2012, aprovechando el atractivo turístico de Puerto Vallarta para instalar sus operaciones. Las autoridades estadounidenses advierten que la información de los propietarios era obtenida con la ayuda de empleados corruptos dentro de los complejos vacacionales, lo que facilitaba la captación de nuevas víctimas.
Entre los sancionados destacan Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, identificados como integrantes de un grupo armado del CJNG en Puerto Vallarta, vinculado a asesinatos de rivales y figuras políticas. También figura Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico acusado de coordinar fraudes de tiempo compartido en nombre de la organización criminal.
La red empresarial sancionada incluye agencias de viajes, compañías inmobiliarias y negocios dedicados a la venta de paquetes vacacionales. Cinco de ellas están directamente ligadas al régimen de tiempo compartido, una modalidad en la que varios clientes comparten el uso de un mismo inmueble durante periodos determinados.
Las sanciones implican el congelamiento de cualquier activo que estas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o instituciones de ese país. El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier persona que incumpla estas restricciones podría enfrentar procesos civiles o penales.
La medida se enmarca en la política de la administración de Donald Trump para cortar las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recalcó que el objetivo es “eliminar la capacidad del CJNG de enriquecerse a costa de ciudadanos estadounidenses” y subrayó que las estafas de tiempo compartido representan un riesgo económico y emocional para las víctimas.
@Veletti
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