EU señala gasolinera de Zapopan dentro de una red vinculada al CJNG; hay más estaciones bajo la lupa en México
Una estación de servicio ubicada en Zapopan aparece formalmente en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de una red empresarial que las autoridades estadounidenses relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V., empresa registrada en Zapopan y dedicada a la venta de combustible. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la incorporó a su lista de personas y entidades bloqueadas el 19 de febrero de 2026, vinculándola directamente con el empresario Carlos Humberto Rivera Miramontes.
El señalamiento es relevante para Jalisco porque no se trata solamente de una empresa domiciliada administrativamente en el estado: existe una estación de servicio asociada a esa razón social en La Loma número 1525, en Zapopan.
El propio padrón de licencias del Ayuntamiento de Zapopan registra en ese domicilio a Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V., con licencia para operar como estación de gasolina, aceites y lubricantes. La estación aparece además relacionada con el permiso de expendio PL/1311/EXP/ES/2015.
En directorios actuales de estaciones de servicio, el establecimiento localizado en La Loma 1525 es identificado como Servicio Calandrias, aunque la razón social relacionada con el permiso aparece como Solugas Soluciones en Gasolineras.
¿Por qué Estados Unidos la relaciona con el CJNG?
El Departamento del Tesoro sostiene que Solugas forma parte de una red de 13 compañías relacionadas con Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo turístico originalmente denominado Vallarta Gardens y posteriormente Kovay Gardens.
OFAC asegura que Rivera Miramontes tiene un largo historial de colaboración con narcotraficantes y que trabaja estrechamente con personas vinculadas al CJNG. La dependencia estadounidense lo sancionó por considerar que actuó directa o indirectamente para la organización criminal.
Dentro de su entramado empresarial aparecen compañías turísticas, inmobiliarias, financieras y de servicios, además de Solugas Soluciones en Gasolineras, identificada específicamente por el Tesoro como una empresa del sector combustibles.
OFAC determinó que esas compañías eran propiedad, estaban controladas o dirigidas por Rivera Miramontes, o actuaban en su representación.
Esto permite establecer documentalmente una conexión entre una estación de servicio de Zapopan y una red empresarial sancionada por Estados Unidos por sus vínculos atribuidos al CJNG.
Sin embargo, existe una precisión fundamental: la sanción estadounidense no significa que OFAC haya acusado específicamente a esa estación de vender gasolina robada o huachicol. El señalamiento contra Solugas deriva de su relación corporativa con Rivera Miramontes. Hasta ahora, la documentación consultada no establece que el combustible vendido en esa estación sea ilícito.
Petrocoda: otra gasolinera señalada, pero está en Michoacán
Otro caso identificado formalmente por Estados Unidos es Petrocoda S.A. de C.V., aunque contrario a algunas versiones difundidas recientemente, esta empresa no está ubicada en Jalisco.
OFAC registra a Petrocoda en Ziracuaretiro, Michoacán, con RFC PET160218N40 y la clasifica como empresa dedicada a la venta minorista de combustible automotriz. Fue sancionada el 23 de julio de 2026.
El Departamento del Tesoro sostiene que Audias Flores Silva, “El Jardinero”, mantenía el control de Petrocoda mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña. Flores Silva ha sido identificado por Estados Unidos como mando regional del CJNG con influencia en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Zacatecas.
En este caso tampoco debe afirmarse que Petrocoda vendía combustible robado: el señalamiento oficial es que la empresa formaba parte de la estructura empresarial controlada por “El Jardinero”.
Gasolineras HG: un caso distinto en Michoacán
También han surgido investigaciones periodísticas alrededor de Gasolineras HG, en Michoacán.
Reportes periodísticos relacionan esos negocios con familiares de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, señalado como operador regional del CJNG. Las investigaciones surgieron después de la detención de su hija y su pareja sentimental. Incluso se ha destacado que las iniciales comerciales “HG” coinciden con las de Heraclio Guerrero.
Aquí la precisión es todavía más importante: Gasolineras HG no aparece, hasta la información oficial consultada, formalmente designada por OFAC como parte de la estructura financiera del CJNG.
Por ello, no debe colocarse al mismo nivel documental que Solugas o Petrocoda.
Veracruz: donde EU sí documentó venta de combustible robado
El caso más contundente se encuentra en Veracruz.
En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó una estructura encabezada por Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado como integrante del CJNG dedicado al robo de combustible.
Según OFAC, “El Tanque” robaba hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex, almacenaba el producto en instalaciones con capacidad para millones de litros y posteriormente utilizaba una red de empresas gasolineras aparentemente legítimas para vender el combustible robado.
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Estados Unidos identificó 11 compañías gasolineras dentro de esa estructura:
Biocombustibles El Jícaro, Dos Océanos Paso del Toro, Etanofuel, Rapicombustibles de Veracruz, Magnocombustibles de Veracruz, Ahorrocombustibles de Veracruz, Econocombustibles de Veracruz, Carburantes Dos Océanos, Dos Océanos Combustibles y Carburantes, Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos y Suministros Combustibles Océanos.
Una de ellas tiene incluso un nombre comercial confirmado por la propia OFAC: Etanofuel operaba también como “G Energy”.
En este caso sí existe una acusación explícita del gobierno estadounidense: las estaciones eran utilizadas, según el Tesoro, para comercializar combustible robado y generar decenas de millones de dólares anuales para la estructura criminal.
El negocio va más allá del huachicol tradicional
Las investigaciones estadounidenses muestran además que el negocio del combustible relacionado con organizaciones criminales ya no se limita a perforar ductos de Pemex.
El 30 de junio de 2026, el Tesoro sancionó otra estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos a México mediante documentación aduanera falsificada y empresas fachada para evadir el IEPS.
OFAC señala al empresario y contador Oscar Guillermo Juraidini Silva como operador de compañías fachada y responsable de falsificar documentación para introducir combustible. Según Estados Unidos, la mayoría de sus clientes eran empresas gasolineras que recibían el producto refinado y posteriormente lo vendían al público. El esquema generaba decenas de millones de dólares anuales en beneficio del CJNG.
La autoridad estadounidense no publicó en esa acción los nombres de las estaciones clientes, por lo que no es posible atribuirles responsablemente una ubicación o marca comercial.