Revelan cómo operaba presunta red de extorsión contra verificentros del Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer detalles sobre la operación de una presunta red de extorsión que habría utilizado trámites, concesiones y sistemas de control de los verificentros para exigir pagos ilegales a sus propietarios.
De acuerdo con la investigación, el entramado habría comenzado a operar desde 2023 y estaría integrado por servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, exfuncionarios y particulares.
Entre las personas señaladas se encuentran Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, quienes fueron detenidos el pasado 10 de agosto. El primero fue vinculado a proceso por extorsión agravada, mientras que el segundo enfrenta un proceso por abuso de autoridad. Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
Bloqueos y cuotas para mantener abiertos los verificentros
Según las indagatorias, la presunta red habría utilizado el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV) como una herramienta de presión contra los concesionarios.
La investigación señala que el sistema podía ser desactivado y reactivado de manera remota desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente. De esta manera, los verificentros podían quedar impedidos para trabajar durante horas, días o incluso meses bajo distintos argumentos administrativos.
Entre los motivos utilizados para justificar los bloqueos se encontraban supuestas irregularidades como logotipos deteriorados, equipos de cómputo sin actualizar o diferencias entre las inspecciones de los vehículos y las imágenes registradas por las cámaras.
Además, la Fiscalía documentó que la entrega de hologramas podía ser restringida. Los centros que agotaban los engomados disponibles no recibían más hasta cubrir las cuotas que presuntamente les eran exigidas.
Cobros de hasta 200 mil pesos mensuales
La investigación apunta a que, desde finales de 2023, los concesionarios habrían sido presionados para entregar cuotas mensuales de entre 30 mil y 200 mil pesos, dependiendo del volumen de operaciones de cada verificentro.
Posteriormente se habrían establecido cobros adicionales por las revalidaciones de funcionamiento y por cada línea de verificación.
En marzo de 2026, de acuerdo con la información de la FGJEM, uno de los implicados habría instruido cobrar 500 mil pesos por cada línea de verificación.
Actualmente, el Estado de México cuenta con 163 verificentros y 878 líneas de verificación activas. Con ese número, la cantidad exigida habría superado los 430 millones de pesos, sin considerar las cuotas mensuales y otros pagos que presuntamente ya se habían obtenido.
Amenazas y presunto control de empresas
Las investigaciones también señalan que la presión no se habría limitado a los cobros económicos.
Algunos concesionarios habrían recibido amenazas contra ellos y sus familias cuando se negaban a entregar dinero o aceptar determinadas condiciones.
La Fiscalía también investiga casos en los que los operadores de la presunta red habrían presionado a propietarios para ceder porcentajes de sus empresas a razones sociales relacionadas con los implicados.
Para dificultar la continuidad de los negocios, presuntamente se ocultaban los plazos de revalidación de las concesiones o se emitían permisos por periodos variables de entre seis y 12 meses.
Cinco verificentros asegurados
Como parte de las investigaciones, entre el 10 y el 14 de agosto, autoridades aseguraron cinco verificentros: dos ubicados en Nezahualcóyotl y otros en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
También se realizaron cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados diversos indicios relacionados con la investigación.
La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar la participación de otras personas y establecer el alcance de la presunta red, mientras los dos detenidos enfrentan sus respectivos procesos penales.
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