Declaran ficha roja de Interpol contra exsecretario de Seguridad de Tabasco

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó la fuga de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Tabasco, quien ocupó el cargo de 2019 a enero de 2024 durante la administración de Adán Augusto López Hernández.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Bermúdez está siendo investigado por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, una de las principales organizaciones generadoras de violencia en el estado. También se le identifica como presunto fundador de dicha célula delictiva.
“Las instituciones del Gabinete de Seguridad informan con respecto a la situación de Hernán ‘N’, quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad”, indica el comunicado oficial.
Las autoridades federales confirmaron que Bermúdez abandonó el país el pasado 26 de enero, y actualmente es rastreado fuera del territorio nacional a través de una ficha roja de Interpol, en coordinación con agencias internacionales de seguridad.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que su fuga se habría realizado por el estado de Yucatán con destino a Panamá, según información proporcionada por el general Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar.
Mientras tanto, la SSPC federal ya abrió una carpeta de investigación formal y se ha desplegado un operativo coordinado para su localización y detención.
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia”, indicó la dependencia.
Bermúdez Requena inició su carrera en los años 90 como codirector de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, donde coincidió con Adán Augusto López Hernández, entonces subsecretario de Gobierno. También fue director del sistema penitenciario estatal durante el sexenio de Roberto Madrazo.
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En 2019, fue nombrado titular de la SSPC en Tabasco por el entonces gobernador López Hernández, cargo que ocupó hasta enero de este año. Durante su gestión, fue acusado de encubrir redes criminales, liberar a presuntos delincuentes y permitir el control de zonas estratégicas del estado a cambio de sobornos.
Su relación con el crimen organizado fue señalada en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, tras el hackeo a la Sedena, donde se le identificó bajo el alias de “Comandante H”.