Detuvieron a ex funcionaria del TSJ de Guerrero
Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero fue detenida este miércoles por La Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La detención se llevó a cabo en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, Guerrero, por agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase) y de la Agencia de Investigación Criminal.
La ex funcionaria ocupaba la presidencia del TSJ en septiembre de 2014, cuando ocurrieron los ataques y desapariciones de los normalistas. Se le acusa de haber ordenado la destrucción de grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales podrían haber registrado el momento en que policías municipales y presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.
Estas grabaciones han sido solicitadas durante más de una década por los familiares de las víctimas, sus representantes legales y organizaciones de derechos humanos, al considerarlas fundamentales para esclarecer los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha respaldado la importancia de estos videos, señalando que podrían mostrar el traslado de los estudiantes hacia el municipio de Huitzuco, donde presuntamente fueron entregados a un líder criminal conocido como “El Patrón”.
En su momento, Galeana Marín declaró que las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia no tenían utilidad, ya que “solo habían captado manchas borrosas”.
De acuerdo con Infobae, la mujer de 80 años de edad, fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero para su certificación médica y posterior ingreso a un penal.
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En septiembre de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, incluyendo al ex procurador Iñaki Blanco, por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes y vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
El caso Ayotzinapa ha sido catalogado como un crimen de Estado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), que en 2022 publicó un informe confirmando la participación de autoridades de distintos niveles en la desaparición forzada de los estudiantes. El informe también reveló la implicación de miembros del Ejército en los hechos y en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
