Violencia en comunidades de Chilapa provoca desplazamiento de familias
La situación de seguridad en comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez ha generado movilización de autoridades federales y estatales, luego de varios días de reportes por hechos violentos y desplazamiento de habitantes en la región.
De acuerdo con testimonios de pobladores de Alcozacán y otras localidades cercanas, desde el pasado 6 de mayo se han registrado constantes ataques armados y agresiones con drones explosivos atribuidos a las organizaciones criminales conocidas como Los Ardillos y Los Tlacos, quienes mantienen una disputa por el control territorial de la zona serrana de Guerrero.
Habitantes denunciaron que la violencia ha provocado asesinatos, daños severos en viviendas y el desplazamiento forzado de familias enteras, quienes abandonaron sus hogares ante el temor de nuevos ataques. Algunas comunidades permanecieron incomunicadas durante varios días debido a bloqueos y enfrentamientos.
Como parte de las acciones de atención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó una visita a la comunidad de Alcozacán por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde sostuvo reuniones con habitantes y autoridades locales.
Según informó la funcionaria federal, tras las reuniones se logró retirar algunos bloqueos carreteros y facilitar el ingreso de apoyo médico y alimentario para las familias afectadas. Asimismo, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en distintas comunidades para reforzar la seguridad.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, también participó en las mesas de diálogo y aseguró que se mantendrá presencia institucional en la región. Sin embargo, pobladores han señalado que la respuesta gubernamental llegó varios días después de iniciados los ataques.
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El conflicto también desató cuestionamientos hacia las autoridades estatales. El Congreso Nacional Indígena acusó públicamente a la administración estatal de permitir el fortalecimiento de grupos criminales en la región. Sobre ello, defensores de derechos humanos señalaron que la problemática refleja una combinación de falta de coordinación, insuficiencia operativa y debilidad institucional frente al crimen organizado.
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que continúan los operativos y las acciones de atención en las comunidades afectadas.
AM
