Preocupa eventual libertad de Filiberto “N”, acusado de cinco feminicidios en SLP
La posibilidad de que Filiberto “N”, señalado por el homicidio de cinco mujeres entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, pueda recuperar su libertad ha generado preocupación entre familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con los colectivos, el proceso judicial que se sigue contra el acusado —conocido como “El Monstruo de Tamuín”— ha presentado inconsistencias y recursos legales interpuestos por la defensa que han derivado en resoluciones incompletas o sujetas a revisión por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Antecedentes del caso
Entre 2010 y 2014 se registraron en Tamuín diversas desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres jóvenes. Filiberto “N”, quien se desempeñaba como instructor de karate, catequista y profesor de zumba, fue detenido en julio de 2014. Tras su aprehensión, brindó información sobre la ubicación de restos humanos en terrenos cañaverales de la región.
Las víctimas identificadas fueron:
- Rosa María Sánchez, 15 años
- Adriana Martínez Campuzano, 13 años
- Itzel Romany Castillo, 11 años
- Dulce Jimena Reyes Rodríguez, 9 años
- Eliehoenai Chávez Rivera, 32 años
Las investigaciones vincularon al detenido con un patrón de selección, rapto y homicidio de las víctimas.
Procesos judiciales y recursos legales
Filiberto “N” permanece en el penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, Durango. Sin embargo, su proceso ha enfrentado retrasos debido a:
- Alegatos de la defensa sobre presunta tortura durante la detención.
- Recursos de apelación y amparos aún no resueltos.
- Observaciones de jueces sobre deficiencias en la presentación e integración de pruebas.
De acuerdo con autoridades judiciales, estos recursos deben agotarse antes de emitir una resolución definitiva.
Familiares de las víctimas han señalado omisiones en las investigaciones iniciales, como falta de búsquedas oportunas, pérdida de evidencias y análisis periciales incompletos.
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Preocupación de organizaciones civiles
El abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que el Ministerio Público ha basado parte del caso en la declaración autoinculpatoria del imputado, lo que podría debilitar el expediente si no se integran otros elementos de prueba.
Colectivos y familiares han solicitado que se revisen a detalle las diligencias y que se garantice el debido proceso para evitar riesgos de liberación.
