Revisarán a Policía Estatal de Caminos tras revelaciones de presuntos pagos del narco
El Gobierno de Jalisco informó que se realizará una revisión administrativa al interior de la Policía Estatal de Caminos, luego de que recientes investigaciones periodísticas revelaran documentos en los que presuntamente aparecen pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a integrantes de corporaciones de seguridad.
El coordinador estratégico de seguridad del estado, Roberto Alarcón, explicó que ante cualquier indicio de posible infiltración del crimen organizado en instituciones policiales se activan protocolos internos de revisión, con el objetivo de verificar la integridad de los elementos y el correcto funcionamiento de la corporación.
El funcionario detalló que estas revisiones incluyen la supervisión de controles de confianza, análisis administrativo de los elementos y verificación del armamento asignado, procedimientos que forman parte de los mecanismos de vigilancia interna dentro de las corporaciones de seguridad del estado.
Alarcón aclaró que, hasta el momento, no existe una investigación penal abierta únicamente a partir de las listas difundidas, ya que la aparición de nombres en documentos o reportes filtrados no constituye por sí misma una prueba jurídica suficiente para iniciar procesos judiciales.
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En ese sentido, precisó que las investigaciones por posibles delitos del fuero común corresponderían a la Fiscalía del Estado, mientras que cualquier indagatoria relacionada con delincuencia organizada o delitos federales deberá ser atendida por instancias federales como la Fiscalía General de la República (FGR).
Las revelaciones periodísticas señalan que los documentos forman parte de las llamadas “narconóminas”, registros donde presuntamente organizaciones criminales anotan pagos periódicos a funcionarios o integrantes de corporaciones de seguridad para obtener protección, información o facilitar sus operaciones.
Especialistas en seguridad han advertido que este tipo de mecanismos ha sido utilizado por distintos grupos criminales en México, quienes buscan infiltrarse en instituciones públicas para anticipar operativos, evitar detenciones o mantener control territorial en determinadas regiones.
Ante estas revelaciones, las autoridades estatales reiteraron que no se tolerará ningún tipo de vínculo entre corporaciones policiales y organizaciones criminales, por lo que se realizarán las revisiones correspondientes para esclarecer los señalamientos y, en caso de encontrarse irregularidades, proceder conforme a la ley.
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