Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte y pone en riesgo su liberación en 2026
A casi una década de dejar la gubernatura de Veracruz y a pocos meses de buscar su salida anticipada del Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa enfrenta un nuevo revés judicial que podría impedir su liberación prevista para 2026. El gobierno de Guatemala autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a formular nuevas imputaciones en su contra por presuntos desvíos millonarios de recursos federales, particularmente aquellos destinados al sector salud durante su administración (2010–2016).
La resolución marca un punto clave en uno de los casos de corrupción más grandes documentados en México y abre la puerta para que Duarte enfrente por primera vez cargos federales por peculado, delito distinto a los que motivaron su extradición original.
Fotografía: Cuartoscuro
La regla de especialidad y el aval de Guatemala
Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC), dirigida por María de la Luz Mijangos, solicitó desde meses atrás la autorización del gobierno guatemalteco para presentar nuevos cargos.
El procedimiento era indispensable debido al principio internacional conocido como “regla de especialidad”, que impide procesar a un extraditado por delitos distintos a los autorizados por el país que lo entrega.
En 2017, Guatemala aprobó la extradición de Duarte únicamente por lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos por los que ya fue sentenciado. Ahora, con la autorización adicional, la FGR pudo presentar la primera imputación por peculado, relacionada con irregularidades en el manejo de partidas federales etiquetadas para acciones de salud.
La audiencia suspendida y lo que viene
La audiencia inicial para formular la acusación estaba programada para el 27 de noviembre, pero fue diferida luego de que la defensa reportó un padecimiento de salud del exgobernador. En los próximos días deberá fijarse una nueva fecha.
De avanzar esta imputación, la FGR podría solicitar prisión preventiva justificada, lo que pondría en riesgo la posibilidad de que Duarte obtenga su liberación en abril de 2026, cuando concluye su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Más de 100 carpetas de investigación
Las autoridades ministeriales confirmaron que este caso es solo el primero de al menos cien carpetas abiertas por presunto desvío de recursos federales durante el sexenio de Duarte. Las denuncias provienen de:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Antigua Secretaría de la Función Pública
- Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz
- Dependencias federales y estatales
- Particulares
El desfalco más grande documentado en México
De acuerdo con la ASF, la administración de Duarte acumuló observaciones por más de 62 mil millones de pesos en fondos federales mal manejados. Esta cifra supera a escándalos como Segalmex, la “Estafa Maestra”, Odebrecht o Conacyt, lo que convierte al caso Veracruz en el mayor desfalco institucional registrado en el país.
Las investigaciones apuntan a la existencia de un esquema sistemático que incluía:
- Reorientación ilegal de recursos etiquetados
- Simulación de servicios mediante empresas fantasma
- Pagos injustificados
- Extracción de dinero en efectivo para entregarlo directamente al exgobernador
El testimonio clave: Tarek Abdalá
El nuevo expediente se sustenta en gran medida en las declaraciones de Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR.
Según su testimonio:
- Los desvíos eran una práctica común en las secretarías de finanzas.
- El dinero se movía mediante empresas fantasma.
- Parte de los recursos era utilizado para gastos personales del exgobernador.
- En ocasiones, Abdalá entregaba dinero en efectivo por instrucción directa de Duarte.
Estos testimonios ya derivaron en procesos penales contra al menos cinco exfuncionarios, pero hasta ahora no habían alcanzado formalmente al exmandatario.
Un momento crucial para Duarte
El avance judicial ocurre a semanas de que un tribunal negara a Duarte la libertad anticipada, al considerar que mantiene un proceso abierto por desaparición forzada y no ha cumplido los requisitos internos del penal.
Con las nuevas imputaciones autorizadas por Guatemala, el panorama legal del exgobernador se complica significativamente y su salida de prisión en 2026 luce cada vez más lejana.
