Crimen organizado desplazó a sacerdote defensor de derechos humanos
Las amenazas del crimen organizado forzaron la salida del estado de Guerrero del padre Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote católico y defensor de derechos humanos, pese a que desde octubre de 2023 contaba con protección de la Guardia Nacional. La situación fue confirmada por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, que reconoció que las medidas de seguridad resultaron insuficientes ante el nivel de riesgo que enfrentaba el religioso
El padre Filiberto es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, organización dedicada al acompañamiento de víctimas de violencia, desaparición forzada y desplazamiento interno en Guerrero. Su trabajo en comunidades afectadas por la inseguridad lo expuso durante años a amenazas directas, ataques armados y campañas de desprestigio.
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En octubre de 2023, el sacerdote sobrevivió a un ataque a balazos mientras circulaba por la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, hecho que derivó en la asignación de escoltas federales. Sin embargo, las intimidaciones continuaron. De acuerdo con el obispo José de Jesús González Hernández, la Iglesia decidió apartarlo del entorno inmediato para preservar su vida, ante el riesgo real que persistía.
“Nos preocupa mucho la situación del padre Filiberto; no queremos mártires, queremos sacerdotes vivos que sigan ayudando”, expresó el obispo, quien advirtió que cualquier religioso involucrado en procesos de paz en Guerrero enfrenta peligros similares
En semanas recientes, Velázquez Florencio denunció una campaña de señalamientos en redes sociales, donde fue vinculado sin pruebas a grupos armados. El propio sacerdote alertó que estas publicaciones dañaron su reputación y lo colocaron en una situación de riesgo inminente, al tiempo que señaló que algunas cuentas estarían relacionadas con autoridades municipales.
La labor del sacerdote también incluyó su participación como facilitador de una tregua entre grupos criminales que mantenían una disputa violenta en regiones del centro y norte del estado, una intervención que, según explicó, tuvo como único objetivo reducir la violencia y proteger a la población civil.
A lo largo de los últimos años, el padre Filiberto ha documentado ataques armados, explosivos lanzados desde drones y múltiples hechos de violencia en comunidades rurales. Pese a contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la falta de condiciones de seguridad lo llevó finalmente a abandonar Guerrero.
Su desplazamiento vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y mediadores de paz, así como los riesgos que enfrentan quienes acompañan a víctimas en contextos de violencia persistente.
